El ruido mediático que acompañó al G-20 desde su primera cumbre contra la crisis en Washington, se ha desvanecido tras la de Seúl, como se refleja en la prensa internacional que ha ignorado el comunicado final en sus portadas. Aquellos que asumieron con mayor entusiasmo su resurgimiento muestran su mayor desilusión por su fracaso palpable. Y se olvida que el G-20 absorbió de hecho al G-8 en Noviembre 2008 como respuesta político-mediática frente a la amenaza de colapso del sistema financiero mundial tras la quiebra de Lehman Brothers. Era y es únicamente “un foro de coordinación económica” como se definió a sí mismo.
Restablecida la fluidez de los mercados financieros y la actividad de la banca global como el principal agente del sistema, la crisis se sitúa ahora en las economías y en los gobiernos de los países, en particular en la UE y en los EEUU. Olvidadas las amenazas sobre la globalización financiera, los problemas económicos nacionales resultan prioritarios para los gobiernos porque se traducen en duras vivencias para las poblaciones y para la opinión pública de los países. De ahí el origen de la llamada guerra de las divisas entre aquellos países que menos consumen e importan y exportan más (encabezados por China y Alemania) y aquellos que siguen consumiendo e importando más y exportando menos (EEUU, Reino Unido, España…) Y para esa guerra el G-20 ha acordado solo una tregua aunque el párrafo 7 de la declaración de los líderes reconoce que:
“Los riesgos permanecen. Algunos de nosotros experimentan fuerte crecimiento, mientras otros afrontan niveles de desempleo y lenta recuperación. El crecimiento desigual y la brecha en aumento de los desequilibrios alimentan la tentación a divergir de las soluciones globales con acciones descoordinadas. Sin embargo, las acciones políticas descoordinadas solamente conducirán a las peores soluciones para todos”
Y es cierto que la descoordinación política y los desequilibrios comerciales internacionales son una amenaza que pocos ignoran. Pero se olvida que el resurgimiento del G-20 respondía a la necesidad abordar remedios para una crisis extendida por una globalización financiera descontrolada. Y en ese punto las soluciones se siguen demorando bajo la retórica del comunicado final y del documento anejo, que ocultan la realidad del predominio de las finanzas. Veamos tres referencias en esos documentos aprobados que lo demuestran:
- En Seúl se han ratificado los acuerdos para capitalizar los bancos (el llamado Basilea III) alcanzados ya por ese órgano regulador en la sombra que es el Comité de supervisores bancarios de Basilea, de los bancos centrales de 27 países (que incluye a EEUU, España y otros más Suiza, Hong Kong y Singapur, reputados paraísos de las finanzas). El plazo para su cumplimiento se alarga hasta el año 2019. Pero no ha habido acuerdo para limitar el apalancamiento, el endeudamiento desmedido de la banca, y para prevenir los riesgos para el sistema que plantean los grandes bancos con las operaciones financieras trasnacionales incontroladas que pueden arrastrar el sistema al desastre.
- La opacidad de las finanzas se mantiene intacta. El G-20 admite la existencia de una banca en la sombra que continúa; la misma que permitía a la gran banca recaudar dinero vía entidades virtuales registradas en los llamados paraísos fiscales, emitiendo títulos bursátiles fuera de la contabilidad y de la supervisión de los bancos centrales, como se explica en el libro El rescate de los paraísos fiscales. Y el párrafo 11 de la Declaración enuncia como uno de los acuerdos alcanzados, el reforzamiento de la regulación y supervisión de la banca en la sombra y a lo que añade el documento que “con la finalización de los nuevos estándares para los bancos, hay un potencial para que posiblemente aparezcan lagunas en la regulación en el sistema de banca en la sombra”. Traducido: siguen los paraísos financieros offshore y para vigilarlos apelan al Consejo de Estabilidad financiera.
- Y así, el G-20 admite el fracaso de su acuerdo de Londres respaldando a la OCDE, que dio pié a nuestros gobernantes europeos para proclamar que se habían acabado el secreto bancario y los paraísos fiscales. Y se abren otras vías para intentar remediar esos problemas que se suponía había resuelto ya la OCDE con la nueva etiqueta de jurisdicciones no cooperantes.
En Seúl se reconoce el fracaso de la estrategia seguida por la OCDE cuya lista oficial de “paraísos fiscales” ha quedado reducida ya a seis (Liberia, la Isla caribeña de Montserrat, Panamá y las islas del Pacifico Nauru, Niue y Vanuatu), que no han concertado los 12 convenios bilaterales de intercambio de información fiscal a petición. Y como siguen los problemas con los centros offshore, el G-20 reactiva las tres vías abiertas por el G-7 tras la crisis asiática de finales de los noventa para combatir a las “jurisdicciones no cooperantes" que plantean riesgos para el sistema financiero global” (párrafo 30 del documento) pero sin tocar el marco establecido:
- La OCDE seguirá con esa lista residual que a 10 de Noviembre incluye nada más que a seis jurisdicciones como paraísos fiscales (tax havens). Pero no se menciona a este organismo internacional sino a su instrumento al Global Forum, el Foro global sobre transparencia e intercambio de información fiscal, que deberá perseguir a esas seis jurisdicciones para que aborden pronto sus debilidades, alcanzando esos 12 convenios bilaterales exigidos, el llamado pomposamente estándar fiscal internacional.
- El GAFI, el organismo intergubernamental contra el blanqueo de dinero sucio, pondrá al día la lista de países y territorios que incumplen los convenios internacionales, que por cierto no han resuelto este grave problema porque todos los escándalos serios que se descubren sobre operaciones de dinero sucio y fraude fiscal pasan por Suiza y otros notorios centros financieros offshore o para no residentes homologados. Y se recuerda la lucha contra el blanqueo del dinero sucio con la aprobación de un Plan de Acción Anti-corrupción (Anexo III) pero sobre todo hay que destacar que los líderes del G-20 se reconozcan a si mismos una especial responsabilidad en la prevención y el combate de la corrupción. Aunque a este nuevo compromiso para crear un régimen anticorrupción especial efectivo no se le puede conceder mas credibilidad que a todos los acuerdos en vigor contra el blanqueo del dinero sucio que son incumplidos a menudo.
- En materia relativa a los “paraísos fiscales” podría considerarse una “novedad” que el G-20 asigne al Consejo de Estabilidad Financiera (el FSB en siglas inglesas) para que “determine para la primavera de 2011 aquellas jurisdicciones que no están cooperando plenamente en el proceso de evaluación o que muestren progresos insuficientes para lograr el Máximo cumplimiento de los estándares de cooperación e intercambio de información acordados internacionalmente”.
Este último punto es otro reconocimiento claro de que sigue habiendo paraísos fiscales; pero asignarle tal tarea al FSB, ese organismo con sede en el Banco Internacional de Pagos de Basilea-Suiza, significa que no habrá solución para el problema porque es sistémico; y el sistema no se toca.
En resumen, se evidencia el fracaso en la práctica de la OCDE respaldada por el G-20, que desde la cumbre de Londres en abril 2009 creó aquella cortina de humo con la pretendida desaparición del secreto bancario y los paraísos fiscales que ya denunciamos porque escondía ante los medios la incapacidad política de los gobiernos del G-20 para combatir la opacidad y el descontrol de la finanzas internacionales, fuente de los delitos económicos.-
