“La cumbre de Londres no ha arreglado la crisis”.
Así titulaba su comentario el prestigioso analista, Wolgang Münchau, afirmando que ninguna de las resoluciones aprobadas en Londres por los países desarrollados y emergentes del G-20 acercará al mundo hacia la solución de la crisis económica global (FT, 5/4/2009). Aunque admitía que sin duda es importante la decisión del Grupo de aportar un total de 1,1 billones de dólares a las instituciones internacionales, incluyendo la cuantía que se espera que apruebe el Congreso estadounidense, porque ese acuerdo permitirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) atender más eficazmente la riada de déficit en las balanzas de pago derivados de los rescates bancarios con dinero de los contribuyentes y de las políticas de reactivación económica, que ahogará a muchos países.
Desde luego, los medios de comunicaciones nacionales e internacionales ofrecieron una versión mucho más optimista de la reunión de Londres que la presentada después de la primera cumbre de Washington hace cinco meses. Únicamente la vaguedad y la retórica de la serie de documentos suscritos por el Grupo de los Veinte (en realidad eran veintiuno más la representación de la Comisión europea), pudieron justificar las crónicas y comentarios periodísticos que resaltaban aquello que resultaba más inteligible para los lectores que no siempre es lo sustancial.
La crisis y el fracaso político.
Desde nuestro punto de vista merecen destacarse cuatro puntos del documento principal, referidos a la crisis al reconocimiento del fracaso de las políticas aplicadas; la reafirmación ideológica de la globalización financiera; y el asunto de los paraísos fiscales.
Primeramente, la autodenominada “Declaración de los Líderes” constata que hay “ una crisis que se ha profundizado desde la última reunión (en Washington), que afecta a las vidas de mujeres, hombres y niños en cada país y que todos los países deben unirse juntos para resolverla” (punto 2) Los mandatarios de este nuevo directorio mundial admiten ya que la crisis no solo es global sino sistémica, porque afecta al conjunto del sistema económico mundial con desastrosas consecuencias para los ciudadanos. Pero los textos huyen de matices para hacer la distinción entre los tremendos efectos económicos diferenciados que sufre cada economía real y cada región y país, y la crisis del sistema global de pagos, de créditos interbancarios y de la especulación en los mercados de seguros, de valores y de otros productos financieros que ninguna autoridad supervisa ni controla en aras de la innovación libre. Que la solución de la crisis global tenga que ser global está por demostrar, aunque si habrán de establecerse las bases para su superación. Pero la Unión Europea, por ejemplo, tendrá que plantearse sus propias soluciones en materia de regulación financiera y de supervisión comunitaria como asimismo en materia de reactivación económica, si no quiere diluirse en una globalidad dominada por el poder de las economías emergentes.
En segundo lugar, destaca el reconocimiento de que “fallos muy graves en el sector financiero y la regulación y supervisión financieras fueron causas fundamentales de la crisis” (punto13). Esa desregulación y descontrol, denunciada desde hace años por ONGs y movimientos sociales, explica que los impagos de las hipotecas subprimes en Illinois se hayan traducido en pérdidas para pequeños ahorradores en Europa y aumento del paro en España. Pero ¿será posible como piden “que se reconstruya la fe (trust) en nuestro sistema financiero”.? ¿Será posible que las gentes recuperen la fe en la bondad de la globalización de las finanzas, donde el dinero del ahorro en un lugar se mueve sin interferencias, de mercado en mercado en búsqueda de rentabilidad puramente financiera?
En tercer lugar, los principales dirigentes admiten las consecuencias de la falta de crédito que ahoga la economía real en todos los países desarrollados y emergentes. Y dejan constancia del fracaso de las políticas seguidas hasta el momento, que no han sido capaces de mantener el funcionamiento de la economía en cada uno de sus países, como vienen reflejando los índices de paro y de actividad decreciente. Sin embargo, mantienen los postulados neoliberales en vigor y no se proponen alterar el modelo que ha fracasado, a pesar de admitir que “nuestras acciones para restablecer el crecimiento no serán efectivas – dicen en el punto 8- hasta que restablezcamos los préstamos en cada país y el flujo internacional de capitales.” Naturalmente el documento incluye la oportuna proclamación retórica y un tanto cínica como que “la prosperidad es indivisible; que el crecimiento para ser sostenido tiene que ser compartido”, etc. Pero para que no haya confusión ni la menor duda, el punto termina con la reafirmación ideológica compartida al defender “una globalización sostenible y una creciente prosperidad para todos en una economía mundial abierta basada en los principios del mercado, la regulación efectiva y las fuertes instituciones globales”.
En cuarto lugar, digamos que todo indica que el asunto de los paraísos fiscales fue solo un recurso mediático para trasladar un mensaje inteligible del G-20. Semanas antes de la cumbre en Londres, abundaban en la prensa internacional las referencias a una posible lista negra de paraísos fiscales que conllevaría sanciones para los países y territorios incluidos en la misma. Y en los días previos a la cumbre, el bombardeo mediático convencía a multitud de ciudadanos ilustrados que los paraísos fiscales habían sido condenados y que el resto era ya cuestión de tiempo. Pero finalmente la Isla de Jersey y la de Man, entre otros, han dejado de ser paraísos fiscales gracias a un listado confuso y arbitrario de la OCDE clasificando a las jurisdicciones por su compromiso con el intercambio de información fiscal entre países a petición.
Para empezar, la lista blanca de cuarenta “jurisdicciones” cumplidoras sirve para situar en el mismo plano que EEUU, España, Francia o Alemania, a unos países y territorios catalogados anteriormente por la OCDE como notorios paraísos fiscales como Malta, Chipre, las Islas de Guernesey, Jersey, Man y las Islas Vírgenes estadounidenses. Simplemente porque han suscrito más de doce convenios fiscales según el modelo de la OCDE; no importa si ha sido con jurisdicciones tan insignificantes como las Islas Feroés (con Jersey) o con Groenlandia (y la Isla de Man). Más aún, el haber suscrito esos convenios bilaterales no afecta al secreto bancario, como explica el Secretario General de la OCDE al Ministro de Justicia de Luxemburgo en carta del pasado 13 marzo. Es decir, aquello de que “el secreto bancario se acabó” es una frase vacía del punto 15, aparte de que eso ya fue acordado formalmente por el G-7 tras la crisis asiática de finales de los noventa. Entonces como ahora el consenso neoliberal es que nada perturbe la movilidad internacional del capital financiero; un dato útil que excluye los riesgos progresistas de cualquier política.-
(Artículo publicado en la revista TEMAS, nº 174 abril 2009)
