Las investigaciones de la tecnocracia internacional avalada por el G-20 ha “descubierto” que Suiza y Luxemburgo tienen legislaciones fiscales deficientes; es decir, que siguen siendo los paraísos fiscales que son para la opinión pública. Aunque es mayor novedad que se señale a Turquía por sus serias deficiencias en materia de lucha contra la financiación del terrorismo.
Como ha sucedido en las últimas cumbres, la reunión del G-20 en Cannes durante los días 3 y 4 de noviembre último, a la que asistió España como invitado permanente, apenas ha tenido reflejo en la prensa internacional ni siquiera la especializada, centrada en el problema de la deuda soberana europea. Sin embargo, el tema de los paraísos fiscales ha recibido mayor atención en los documentos publicados de la que venía teniendo en las cumbres anteriores. Hasta el extremo que en la Declaración final se le dedica un capítulo bajo el rótulo “abordando los paraísos fiscales y las jurisdicciones no-cooperantes” (ítems nº 35 y 36), recuperando la expresión paraísos fiscales (tax havens) abandonada tras la cumbre de Londres en 2009 junto a la de jurisdicciones no cooperantes, que se puso en circulación por la OCDE para reemplazarla.
Si no conociéramos del fracaso ya histórico del proyecto contra los paraísos fiscales planteado por la OCDE en 1998, tras la crisis financiera del Sudeste asiático y de la Rusia de Yeltsin, podríamos tomar en serio el compromiso expresado en el “Comunicado de los líderes” del G-20 en Cannes cuando dice: “apremiamos a todas las jurisdicciones para que se adhieran a los estándares internacionales en las áreas de la fiscalidad, prudencial (solvencia bancaria) y del antiblanqueo de dinero sucio y del combate contra la financiación del terrorismo” (nº 17). Y en el apartado citado de la Declaración final se resumen estos tres procesos que se han desarrollado entre bastidores por la tecnocracia internacional con el objetivo tácito de mantener intactos los supuestos ideológicos del sistema financiero global de respeto al mercado sin interferencia de los Estados.
Primero. En materia fiscal, el G-20 a través de la OCDE ha impulsado la concertación de tratados bilaterales de intercambio de información fiscal a petición de parte, puesto que bastaba la firma de doce convenios para que el país o territorio dejara de ser considerado paraíso fiscal o jurisdicción no-cooperante. En septiembre ya solamente tres pequeños países (Montserrat, Nauru y Niue (14 septiembre 2011). Tras el G-20 de Cannes, el Foro Global de Tributación (un organismo de la OCDE que agrupa a 105 miembros y no miembros como Las Caimán, la isla de Jersey otros notables paraísos fiscales) informó al G-20 que se han firmado más de 700 convenios bilaterales. Lo que no aclaran es que el modelo de convenio que se aplica no exige eliminar la legislación de secreto bancario de los países firmantes, como ejemplo Suiza y sus decenas de convenios suscritos. De modo que dentro de este Foro, los propios participantes examinan las legislaciones de cada país firmante para comprobar si incluye el compromiso adquirido del intercambio de información fiscal (fase uno) y si esa legislación es efectiva. Como intervienen los propios afectados y sus colegas, indudablemente el procedimiento es un tanto engañoso. De las 59 jurisdicciones examinadas plenamente, según el informe publicado, se identifican 11 jurisdicciones con serias deficiencias, casi todas de escasa relevancia financiera internacional como Antigua y Barbuda, Barbados, Botswana, Brunei, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Vanuatu; pero asombrosamente aparecen Suiza y Luxemburgo como legislaciones deficientes identificadas por el citado Foro; es decir, se les reconoce la condición de paraíso fiscal que siempre tuvieron para la opinión pública. Asimismo se incluyen casi 400 recomendaciones a países y territorios para que introduzcan reformas a fin de aumentar su transparencia fiscal.
Segundo. En materia de regulación y supervisión financiera (bancos, aseguradoras y mercados financieros), otro organismo reactivado por el G-20 como es el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en siglas en inglés) evalúa el cumplimiento por países y territorios de los estándares internacionales sobre cooperación e intercambio de información entre organismos supervisores. Hasta la fecha, el FSB ha analizado 61 países con sistemas financieros importantes, incluidos los miembros del G-20, de los cuales 41 cumplen satisfactoriamente, 18 tienen una situación intermedia con deficiencias que tienen que ser corregidas o no ha terminado aún la evaluación e irónicamente solamente dos países, Libia (bajo el anterior gobierno del coronel Gadafi) y Venezuela, se han negado a hablar con el FSB siendo consideradas no-cooperantes. Hasta la fecha estos dos son los únicos países nombrados, de los restantes se desconocen sus nombres.
Tercero. En material de antiblanqueo de dinero sucio y de combate de la financiación del terrorismo, la Declaración del G-20 se refiere al informe publicado por el GAFI, Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (FATF en siglas en ingles) (otro organismo intergubernamental con sede en Paris) que identifica 12 jurisdicciones con graves deficiencias estratégicas que constituyen una amenaza para el sistema financiero internacional de las que los gobiernos tienen que tener en cuenta. Destacan Irán y Corea del Norte porque amparan la financiación del terrorismo internacional, recomendándoles este organismo técnico a los demás Estados para que adopten contramedidas, por ejemplo, mejorando los procedimientos de diligencia debida o examen detallado que aplican los bancos. Y entre los restantes se incluye a Turquía que sigue manteniendo serias deficiencias como una inadecuada penalización de la financiación terrorista y una legislación insuficiente para la identificación y congelación de activos de organizaciones terroristas junto a otros países como Cuba, Bolivia, Etiopia, Kenya, Myanmar (Birmania), Nigeria, Sao Tomé y Puerto Príncipe, Sri Lanka y Siria. En otro documento el GAFI agrupa 28 jurisdicciones que tienen en cursos proceso de resolver deficiencias. En todos los casos el G-20 apela a los gobiernos para que adopten medidas contra aquellas jurisdicciones denunciadas como incumplidoras de normativas internacionales. Pero no se plantean sanciones internacionales en ningún caso.
Con todo, además de la influencia de la presidencia francesa, esta actualización del asunto por el G-20 quizás sea un mínimo reflejo de la acumulación de informes que denuncian la influencia de los centros offshore en la crisis financiera persistente. ¿Cómo puede tenerse una idea clara de quien debe y a quien mientras cierto número de potentes hedge funds o fondos de inversiones de alto riesgo realice operaciones multimillonarias opacas desde Suiza, la City y otros paraísos fiscales en los mercados de los bonos soberanos y sus derivados?.
